Impulsan un proyecto para recrear la Junta Nacional de Granos
La iniciativa pretende proteger la transparencia y la equidad de las transferencias comerciales. Corresponde a la diputada Adriana Puiggrós.
Sus promotores aseguran que no se trata de recrear la histórica Junta Nacional de Granos, aunque lo cierto es que se le parece en más de un aspecto. Legisladores del Frente para la Victoria en la Cámara Baja impulsan la creación de un organismo destinado a regular la comercialización interna y externa de granos y oleaginosas, sus insumos y subproductos, "protegiendo la transparencia y equidad de las transacciones comerciales", según publicó Infonews.
El proyecto en cuestión, cuya autoría corresponde a la diputada bonaerense Adriana Puiggrós, establece la conformación del "Instituto Argentino para la Promoción Granaria" (IAPG), un ente público autárquico entre cuyas atribuciones figura intervenir en todo lo atinente a la comercialización, almacenamiento, transporte y embarque de los productos agrícolas. También podrá establecer precios de referencias y mínimos para los distintos cultivos, y fiscalizar su cumplimiento, interviniendo en el mercado de resultar necesario. En rigor, muchas de esas competencias se encuentran actualmente diseminadas a través de distintas áreas del Estado, lo que –según Puiggrós– quita eficacia a los controles. "La idea es que el conjunto de funciones y atribuciones que hoy están dispersas le restan al Estado capacidad de control y regulación. La creación de un organismo siempre ha sido en Argentina el medio más adecuado como para garantizar el comercio interior, exterior, y sobre todo el abastecimiento interno", explicó a Tiempo Argentino la legisladora. Aunque no lo señale explícitamente, el proyecto apunta, en parte, a resolver las dificultades que presenta la falta de liquidación de divisas del sector exportador, situación que se intensificó en el último trimestre del año pasado, cuando la expectativa de una suba en los precios internacionales o una mayor devaluación, llevó a los exportadores a postergar las ventas. De acuerdo a los datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), el año pasado los exportadores liquidaron divisas al mismo nivel que 2012, pese a haberse registrado una cosecha de granos que superó las 105 millones de toneladas y resultó un 16,4% mayor a la del año precedente. En medio de la presión cambiaria y una pronunciada caída de las reservas, el Banco Central debió ofrecer a las exportadoras en diciembre pasado una letra atada al dólar para incentivar la liquidación de divisas. "No estamos proponiendo la monopolización del comercio exterior pero sí un estado regulador", destacó Puiggros. En el plano interno, el proyecto establece que el IAPG deberá "proteger a los pequeños y medianos productores", esto es, que reciban el FAS teórico (precio internacional menos retenciones y gastos en el puerto) a la hora de vender la producción a las grandes cerealeras y traders, entre otros aspectos. En este sentido, el organismo deberá promover "una equitativa distribución de la rentabilidad entre los distintos actores de la cadena agroalimentaria". También establece entre sus competencias evitar que se ejerzan monopolios u oligopolios, y "controlar que no se produzcan abusos de posición dominante", una tarea titánica, cuando no utópica. Tal como ocurre en otros países de la región, Argentina presenta una estructura altamente concentrada en el segmento exportador. De hecho, según datos del Ministerio de Agricultura, tan sólo siete multinacionales –ADM, Bunge, CHS Argentina, Dreyfus, Cargill, Nidera y Toepfer–, se reparten más del 80% de las ventas externas, una concentración que aumentó en forma paralela a la mayor superficie de área sembrada con soja. No es exclusivo de las grandes exportadoras de cereales y oleaginosas, ya que otro tanto sucede, por ejemplo, en el sector lácteo, donde cinco empresas (La Serenísima, Sancor, Danone, Ilolay y Saputo) se distribuyen más del 60% de la producción local. La iniciativa de Puiggrós fue acompañado por las firmas de los legisladores Hermán Avoscán (Río Negro, FPV), Gladys Soto (Chaco, FPV), Griselda Herrera (Frente Popular Riojano), Nora Bedano (Córdoba, FPV) y Carlos Raimundi (Buenos Aires, FPV). "En los últimos días sumamos más apoyos. El próximo paso es que lo trate la comisión de Agricultura", afirmó Puiggros. A simple vista y en términos políticos, no parece sencillo el avance de esta iniciativa en el Congreso. No sólo porque la sola mención a una mayor capacidad de intervención estatal –ni hablar ya de la mención a una Junta Nacional de Granos, cualquiera sea su característica– provoca una enorme resistencia entre las entidades agropecuarias, de la que inmediatamente se hace cargo la oposición, sino también porque dentro del oficialismo tampoco existe un consenso homogéneo en torno a la necesidad de implementar este tipo de organismos. No obstante, lo cierto es que el de Puiggrós no es el único proyecto que tiende a un mayor control y transparencia en el mercado de granos. Tal como informó este diario, la senadora por Río Negro Silvina García Larraburu, del Frente para la Victoria, presentó en febrero pasado un proyecto para recrear la Junta Nacional de Granos, tendiente a ejercer el control de todas las instituciones o entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o externo de granos. "La Junta Nacional de Granos mantuvo la regulación y control de la producción de cereales y oleaginosas durante casi 60 años, pasando por diferentes realidades internas y externas, basada fundamentalmente en la convicción de que por la importancia que tiene este sector para la economía nacional no puede quedar desregulada y en manos de privados, que generalmente responden a intereses foráneos o particulares", señaló la legisladora en sus fundamentos.
